Los Tratados de Bucareli, firmados el 10 de septiembre de 1923, han tenido por alguna extraña razón, una serie de connotaciones, tanto históricas  como psicológicas, dentro de ciertos sectores  de la sociedad casi comparables con los estigmas de la conquista o perdida de los territorios en la guerra con los Estados Unidos.

El tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos estadounidenses por presuntos daños causados a sus bienes por guerras internas en la Revolución Mexicana durante el período comprendido entre 1910 y 1921 y se llevaron a cabo en un edificio del gobierno federal ubicado en la calle de Bucareli. Las negociaciones se iniciaron el 15 de mayo de 1923 y terminaron el 13 de agosto del mismo año.

En ningún lugar de los textos se hace mención a la prohibición de construir maquinaria o aeronaves y de su lectura se desprende lo siguiente:

El presidente Obregón no tenía jurisdicción legal  para hacer cumplir un tratado a título personal ya que los comisionados  que los comisionados que a ellas concurrieron, fueron meros representantes personales de Obregón y por lo tanto incapaces para obligar al gobierno, que legalmente no intervino

Las indemnizaciones o reclamaciones debieron ser entregadas durante cinco años a partir de la firma del tratado. Sin embargo, el Tratado careció de validez legal porque no estuvo sujeto a la aprobación de los congresos de los dos países firmantes, quedando en un “acuerdo de caballeros”, que comprometía únicamente a Obregón pero no a sus sucesores.

Cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia en diciembre de 1924, uno de los principales puntos de discordia entre Estados Unidos y México todavía era el petróleo. Calles rápidamente rechazó el Tratado de Bucareli de 1923.

Por alguna razón se tiene la idea de que los Tratados de Bucareli, fueron ocultos aunque se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de febrero de 1924, aun así  se especula que existe un complemento de dichos tratados de los cuales nadie ha visto,  ni conseguido obtener información alguna.

Después de  1923, la construcción de aviones no se continuó por motivos políticos pero sobre todo por falta de interés y la dificultad de crear una base industrial que permitiera  conseguir esas capacidades. Existen muchos ejemplos de construcciones aeronáuticas después de esas fechas pero ninguno tuvo un éxito que permitiera desterrar esa idea equivocada.

Estos tratados se han convertido en un pretexto  para justificar la desventaja tecnológica mexicana en materia aeroespacial, ya que en ellos se menciona sobre el petróleo  las indemnizaciones a los ciudadanos norteamericanos, compañías y sociedades entre otros, pero no señala alguna restricción para la construcción de aeronaves en México en donde el apoyo económico, tecnológico, político y principalmente profesional es determinante y es determinante para el  crecimiento aeronáutico  en México.

En México históricamente no se ha creído en la ciencia y tecnología hecha en el país ni en sus científicos e inventores, todo esto se ve como un gasto y no como una inversión; sin embargo, los países desarrollados sí creen en el talento de los científicos e inventores mexicanos, y sin darnos cuenta nos hemos convertido en uno de los principales exportadores de científicos y técnicos  de américa latina.

La falta de una base industrial hizo que a principios del siglo, el gobierno mexicano, estimulara desde el año 2002, diversos proyectos de inversión y desarrollo de proveeduría que hoy han convertido a México en el sexto proveedor de partes aeroespaciales para Estados Unidos, el doceavo exportador mundial y el quinceavo productor a nivel mundial de productos aeroespaciales.

Para muchos ha sido más fácil comprar algo en el extranjero, que preocuparse por obtener una base industrial que permita aplicar los conocimientos adquiridos por el capital humano, para luego justificar la incapacidad con supuestos tratados de hace 100 años.